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Sectores
Secciones Sindicales
Para CCOO la firma permite que salga adelante uno de los convenios colectivos más importantes y de referencia de este país, ya que afecta a casi 40.000 trabajadores y trabajadoras de la AGE.
CCOO, tras celebrar asambleas en los centros penitenciarios, ha decidido no firmar el Protocolo contra la violencia en el trabajo en Instituciones penitenciarias que presenta hoy el Gobierno. Para el sindicato es inasumible firmar un plan que solo contempla las agresiones muy graves, descartando inicialmente todas las referidas a agresiones verbales y psicológicas que suponen un 90% del total. "Tampoco es aceptable que no se reconozca a las y los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, cuestión nuevamente relegada en el protocolo a una indeterminada reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria", critican desde el sindicato.
El déficit estructural de personal en Instituciones Penitenciarias, con unas vacantes superiores al 13%, el envejecimiento de las plantillas y la enorme carga de trabajo a pesar del descenso de las personas privadas de libertad, sitúan al sistema penitenciario en una situación muy delicada y con claros síntomas de deterioro que harán inviable el servicio público de prisiones en los próximos meses.
CCOO considera que el plan presentado por la Dirección General de la Policía es "echar un parche para salir del paso" sin tener un proyecto de gestión a medio y largo plazo que evite que esto se vuelva a producir. Además exige de nuevo una Oferta de Empleo Público extraordinaria que permita, al menos, cubrir los 1.200 puestos vacantes de personal funcionario que se dedican a esta tarea.
Por la defensa de unas instituciones penitenciarias públicas, con los empleados públicos necesarios.
CCOO exige la paralización inmediata del proceso de privatización de Instituciones Penitenciarias y defiende que sólo con empleadas y empleados públicos podrá sostenerse el modelo público de prisiones.
Los servicios jurídicos de CCOO interpusieron el recurso contencioso-administrativo que da pié a esta sentencia
El entramado de derechos construido a lo largo de decenas de años de lucha y de concertación social, está siendo erosionado por las políticas neoliberales que aspiran a sustituir el estado por el mercado. Los servicios públicos constituyen una parte esencial del Estado social y garantizan la redistribución, la igualdad de oportunidades y la equidad.
"Tenemos que frenar la locura de la destrucción del sector público, iniciar un recorrido a la inversa", reclamó el secretario general de CCOO, tras destacar la importancia de los servicios públicos para la superación de la crisis y su papel en el reparto en la sociedad de la riqueza que se genera en los centros de trabajo, durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de CCOO "Es público, es tuyo. Sálvalo" que ha puesto en marcha la Confederación junto a las Federaciones de Enseñanza, Sanidad y Servicios a la Ciudadanía del sindicato.
Los Empleados Públicos riojanos se concentraron, como todos los viernes, a las doce en la Delegación de Gobierno y en el Palacete del Ejecutivo riojano, para protestar, un viernes mas, por las condiciones laborales a las que se ven sometidos por parte de los gobierno Central y Regional, que ocasionan despidos y bajada de salarios indiscriminada, lo que se traduce en una peor calidad de los servicios públicos en general.
Enrique Fossoul ha sido reelegido secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en su 2º Congreso y dirigirá una Comisión Ejecutiva, a la que se presentaron 2 candidaturas, obteniendo 17 representantes la lista encabezada por el propio Fossoul y 4 la encabezada por Ángel Juberías.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha expresado sus dudas acerca de la constitucionalidad de la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a las empleadas y empleados públicos porque entiende que "se ha podido vulnerar" el derecho constitucional que garantiza la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo "medidas restrictivas" de derechos individuales, según informaron fuentes jurídicas.
El TSJ de Madrid, mediante sentencia 1133/2012, reconoce el derecho del personal asalariado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid (ICM) al cobro de los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre o cantidades equivalentes, hasta la entrada en vigor del RDL 20/2012, por el que se suprimieron los importes reclamados para todo el empleo del sector público.
La Plataforma de empleados públicos interpondrá, a partir de la semana que viene, demanda colectiva contra la Administración por la supresión de la paga extraordinaria de Navidad, recogida en el Real Decreto Ley 20/2011. La demanda se gestionará de manera conjunta y se interpondrá en diferentes ámbitos durante el mes de enero.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, ha rectificado y devolverá a los empleados públicos la parte de cotización que se refiere a una paga extra de diciembre que no han cobrado. Los empleados públicos pagaron las cargas sociales pese a que se les suprimió la paga y Montoro anuncia ahora que, en tres meses, restituirá a cada uno en torno a 80 euros de media.
